La trayectoria profesional de Abraham Hernández Pérez, abogado penalista en Santa Cruz de Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, incluye la participación en diversos procedimientos penales relevantes tramitados ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y otros órganos judiciales de la isla.

A lo largo de más de 20 años de ejercicio profesional, el letrado ha intervenido en casos complejos relacionados con delitos económicos, macrocausas de narcotráfico, delitos sexuales y procedimientos derivados de siniestros estructurales con gran impacto social en Tenerife.

A continuación se resumen algunos de los procedimientos más destacados en los que ha participado.

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Caso de estafa y falsedad documental — Audiencia Provincial de Tenerife (2018)

Uno de los procedimientos más relevantes en materia de derecho penal económico en Tenerife fue el tramitado ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, resuelto mediante la sentencia nº 70/2018 de 21 de febrero.

En este procedimiento se imputaban inicialmente dos delitos:

• falsedad en documento mercantil
• estafa agravada

Las peticiones de las acusaciones eran especialmente elevadas:

• acusación particular: 4 años y 9 meses de prisión
• fiscalía: 4 años de prisión
• en fases previas del procedimiento se manejaban penas cercanas a 7 años de prisión

Resultado del juicio

Tras el debate jurídico en el juicio oral, la Audiencia Provincial dictó sentencia estableciendo:

• absolución por el delito de falsedad en documento mercantil
• condena únicamente por estafa agravada
• pena final: 2 años de prisión

Relevancia jurídica del caso

El tribunal concluyó que los documentos que la acusación consideraba manipulados no podían calificarse como documentos mercantiles, sino como documentos internos de control empresarial.

Esta interpretación jurídica tuvo consecuencias decisivas en el resultado del procedimiento, ya que eliminó uno de los delitos principales imputados.

Desde el punto de vista penal, el resultado supuso:

• reducción de más del 50 % de la pena solicitada
• eliminación de uno de los delitos imputados
• imposición de una pena situada en el umbral que permite la suspensión de la prisión en determinados casos

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Macrocausa de narcotráfico en Tenerife: Operación Marejada

Otro de los procedimientos de especial complejidad en los que participó Abraham Hernández Pérez fue la conocida Operación Marejada, una investigación penal relacionada con delitos contra la salud pública.

Esta macrocausa se caracterizó por:

• un elevado número de investigados
• numerosos tomos de diligencias
• una extensa fase de instrucción

Los procedimientos por tráfico de drogas en Tenerife suelen requerir una defensa técnica especialmente detallada debido al volumen de pruebas, intervenciones policiales y diligencias de investigación.

La participación en este tipo de causas refleja la experiencia del despacho en procedimientos penales complejos ante los tribunales de Santa Cruz de Tenerife.

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Absolución en un procedimiento por delito sexual (2019)

En otra causa penal relevante tramitada ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el abogado ejerció la defensa en un procedimiento por delito sexual.

Tras la celebración del juicio, el tribunal dictó sentencia absolutoria para el acusado.

El caso fue recogido por el periódico El Día el 8 de octubre de 2019, convirtiéndose en una de las resoluciones destacadas en la actualidad judicial de la provincia.

Este tipo de procedimientos requieren una especial atención a la valoración de la prueba y al principio de presunción de inocencia, fundamentales en el proceso penal español.

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Caso del derrumbe del edificio Julián José en Los Cristianos

El abogado también ha intervenido como letrado de perjudicados en uno de los sucesos más impactantes ocurridos en Tenerife en los últimos años: el derrumbe del edificio Julián José en Los Cristianos (Arona), ocurrido en 2016.

Este caso tuvo una enorme repercusión social y jurídica en la isla, al tratarse de un procedimiento relacionado con:

• responsabilidad civil por siniestros estructurales
• posibles responsabilidades penales
• análisis periciales técnicos sobre la estructura del edificio

La complejidad de este procedimiento refleja la importancia de contar con asesoramiento especializado en casos de responsabilidad civil y penal derivados de grandes siniestros.

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Participación en medios de comunicación en Tenerife

Además de su actividad en los tribunales, Abraham Hernández Pérez ha intervenido en distintos medios de comunicación en Canarias para analizar cuestiones jurídicas de actualidad.

Entre estas participaciones destacan intervenciones en:

• Cadena SER
• Radio Canaria
• el programa Hoy por Hoy Tenerife de Radio Club Tenerife

Estas apariciones contribuyen a divulgar el funcionamiento del sistema judicial y a explicar a la ciudadanía los aspectos jurídicos de procedimientos de especial relevancia en Tenerife.

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Experiencia en derecho penal en Santa Cruz de Tenerife

La participación en procedimientos ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, así como en macrocausas y casos mediáticos, forma parte de la trayectoria profesional de Abraham Hernández Pérez como abogado penalista en Tenerife.

Los casos mencionados reflejan la importancia de una defensa técnica rigurosa, especialmente en procedimientos penales complejos en los que se encuentran en juego derechos fundamentales y penas privativas de libertad.

Este fallo constituye un importante éxito jurídico en materia de derecho de extranjería y nacionalidad española, y pone de relieve la relevancia de una defensa especializada cuando la Administración aplica de forma restrictiva los requisitos legales.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de una ciudadana extranjera a obtener la nacionalidad española, después de que su solicitud hubiera sido denegada por la Administración. La resolución, dictada el 29 de octubre de 2025 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima el recurso interpuesto por la defensa dirigida por la abogada Sadiana Cabrera, corrigiendo el criterio mantenido por el Ministerio de Justicia y reconociendo de forma directa el derecho de la solicitante a la nacionalidad española.

El origen del procedimiento: denegación de nacionalidad española por residencia

El litigio se inició tras la resolución dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, que denegó la solicitud de nacionalidad española presentada por la demandante.

La Administración entendía que la solicitante no cumplía el requisito de residencia legal en España, al considerar que debía acreditar dos años de residencia continuada en el momento de formular la solicitud.

El criterio administrativo descartaba la aplicación del plazo reducido de un año de residencia previsto en el artículo 22.2 del Código Civil, al entender que dicho beneficio no resultaba aplicable al caso.

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La estrategia jurídica de la defensa dirigida por Sadiana Cabrera

La defensa asumida por la abogada Sadiana Cabrera centró el recurso contencioso-administrativo en demostrar que la interpretación de la Administración era jurídicamente incorrecta.

La clave del caso se encontraba en el origen familiar de la solicitante. La madre de la demandante había adquirido la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, norma que permitió a numerosos descendientes de españoles emigrados recuperar o adquirir la nacionalidad española.

El elemento determinante era que el abuelo de la solicitante era originariamente español. Desde esa base jurídica, la defensa sostuvo que la demandante podía acogerse al régimen especial previsto en el artículo 22 del Código Civil, y por tanto beneficiarse del plazo reducido de un año de residencia exigido para obtener la nacionalidad española.

En el recurso se defendió que:

• la solicitante era descendiente de un español de origen
• la normativa sobre nacionalidad debía interpretarse de manera coherente con ese vínculo familiar
• y, en consecuencia, debía aplicarse el régimen especial de acceso a la nacionalidad española

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La Audiencia Nacional corrige al Ministerio de Justicia

Tras examinar la documentación aportada y la normativa aplicable, la Audiencia Nacional dio la razón a la parte recurrente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que el hecho de que el abuelo de la demandante fuera originariamente español permitía aplicar el régimen especial del artículo 22 del Código Civil, por lo que la solicitante sí cumplía el requisito de residencia exigido para acceder a la nacionalidad española.

En consecuencia, la sentencia acordó:

• estimar el recurso contencioso-administrativo
• reconocer el derecho de la demandante a obtener la nacionalidad española
• condenar en costas a la Administración, con un límite de 1.500 euros

Este último pronunciamiento refuerza la importancia del fallo, ya que refleja que el tribunal consideró insuficientemente fundada la posición mantenida por la Administración.

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Un triunfo jurídico relevante en materia de nacionalidad española

La resolución judicial obtenida por la letrada Sadiana Cabrera constituye un resultado especialmente relevante en el ámbito de la nacionalidad española por residencia por varios motivos.

Revocación de una decisión administrativa del Ministerio de Justicia

No es habitual que una denegación administrativa en materia de nacionalidad sea corregida judicialmente con un reconocimiento pleno del derecho solicitado. En este caso, la Audiencia Nacional no se limitó a ordenar una nueva revisión del expediente, sino que reconoció directamente el derecho a la nacionalidad española.

Reconocimiento completo del derecho solicitado

En muchos procedimientos de extranjería y nacionalidad, los tribunales optan por retrotraer actuaciones para que la Administración vuelva a resolver. Sin embargo, en este caso el tribunal adoptó una decisión definitiva favorable a la solicitante.

Interpretación garantista del artículo 22 del Código Civil

La sentencia reafirma que el artículo 22 del Código Civil debe interpretarse teniendo en cuenta los vínculos reales con españoles de origen, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas que puedan perjudicar a los descendientes de españoles emigrados.

Condena en costas a la Administración

La condena en costas, aunque limitada, tiene relevancia procesal porque pone de manifiesto que la postura administrativa no contaba con fundamento suficiente.

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Importancia de esta sentencia para futuros expedientes de nacionalidad española

Este fallo de la Audiencia Nacional va más allá del caso concreto. Cada año se tramitan miles de expedientes de nacionalidad española, y muchas solicitudes son denegadas por interpretaciones restrictivas de los requisitos legales.

La sentencia pone de relieve que:

• las resoluciones administrativas en materia de nacionalidad pueden ser revisadas judicialmente
• los descendientes de españoles pueden beneficiarse de regímenes especiales de acceso a la nacionalidad
• la correcta interpretación del artículo 22 del Código Civil es esencial para garantizar los derechos de los solicitantes

Por ello, esta resolución refuerza la seguridad jurídica en materia de nacionalidad española y demuestra la importancia de contar con una abogada especializada en extranjería y nacionalidad.

Intervención en el programa “Hoy por Hoy Tenerife” sobre los retos de la justicia y la defensa penal en Santa Cruz de Tenerife.

La presencia de la abogacía en los medios de comunicación es fundamental para acercar el derecho a la ciudadanía. En una reciente intervención en el programa “Hoy por Hoy Tenerife” de la Cadena SER, Abraham Hernández Pérez, abogado penalista en Santa Cruz de Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, analizó los principales retos actuales de la justicia en las islas.

Durante la entrevista, se abordaron cuestiones clave como:

• La evolución de los procedimientos penales en Tenerife
• La importancia de la fase de instrucción en delitos graves
• La presión mediática en macrocausas
• La necesidad de una defensa especializada y cercana

La participación en medios como Cadena SER Tenerife refuerza el compromiso del despacho con la divulgación jurídica y la transparencia. Explicar cómo funcionan los procesos judiciales y cómo afectan a las personas es parte esencial de una abogacía responsable.

Con más de 20 años de experiencia en derecho penal en Tenerife, Abraham Hernández destacó la importancia de que cualquier persona investigada o afectada por un procedimiento judicial cuente con asesoramiento técnico desde el primer momento.

La transparencia, el rigor y la cercanía son pilares fundamentales para generar confianza entre abogado y cliente, especialmente en momentos de incertidumbre jurídica.

👉 Puede escuchar la intervención completa en el podcast de Cadena SER (a partir del minuto 30:00).

Análisis jurídico del proceso penal y civil en el caso del derrumbe en Santa Cruz de Tenerife y los pasos ante la Audiencia Provincial.

El derrumbe del edificio en Los Cristianos (Arona, Tenerife) fue una de las tragedias más impactantes de los últimos años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Siete años después, el proceso judicial continúa generando debate sobre la responsabilidad civil y penal en grandes siniestros.

En este procedimiento complejo, el despacho Hernández Abraham Abogados ha representado a parte de los afectados, defendiendo los intereses de las familias que buscan reparación frente a un entramado técnico y jurídico de gran dificultad.

En casos de derrumbes y siniestros estructurales, la clave no reside únicamente en determinar la existencia de un delito, sino en establecer correctamente:

• La responsabilidad civil derivada del daño
• La cadena de decisiones técnicas previas
• La actuación de administradores y propietarios
• La posible concurrencia de aseguradoras

Ante procedimientos de esta magnitud, la estrategia jurídica debe combinar conocimiento penal, responsabilidad civil y experiencia en macrocausas.

Recientemente, analizamos en Informativos TVC las implicaciones de la sentencia dictada y los pasos procesales a seguir ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en lo relativo a recursos y posibles revisiones de la responsabilidad.

La defensa en tragedias colectivas no es únicamente técnica; es también humana. Las víctimas y sus familias merecen una representación jurídica que combine rigor procesal y compromiso real con la búsqueda de justicia.

👉 Puede ver la intervención completa en Informativos TVC (Minuto 00:44) para conocer el análisis detallado del caso.

Intervención técnica en procedimiento penal por delito contra la salud pública en Santa Cruz de Tenerife.

La defensa en procedimientos por tráfico de drogas en Tenerife exige una estrategia jurídica rigurosa, especialmente cuando se trata de macrocausas con múltiples investigados y elevadas peticiones de pena por delito contra la salud pública.

En el marco de la conocida como “Operación Marejada”, tramitada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el despacho Hernández Abraham Abogados logró una reducción significativa de las penas solicitadas, rebajando a la mitad las peticiones iniciales formuladas por la acusación.

Este resultado fue posible gracias a un análisis exhaustivo de la fase de instrucción, la revisión crítica de las pruebas presentadas y la argumentación jurídica centrada en la proporcionalidad penal y la correcta valoración de los hechos.

En los delitos contra la salud pública, donde las penas pueden alcanzar varios años de prisión, la diferencia entre una condena elevada y una resolución más favorable suele encontrarse en:

• El estudio técnico del sumario
• La impugnación de diligencias practicadas
• La valoración de la prueba pericial
• La aplicación precisa de la jurisprudencia

Las macrocausas penales en Tenerife requieren experiencia procesal y conocimiento profundo de la práctica ante la Audiencia Provincial.

Este caso reafirma que, ante peticiones de penas elevadas por tráfico de drogas, la persistencia técnica y la estrategia procesal adecuada son determinantes para garantizar un juicio justo.

👉 Puede consultar la noticia completa publicada en La Vanguardia para conocer los detalles del procedimiento.

Intervenir en un procedimiento penal grave en Tenerife no es una tarea menor. Cuando nos enfrentamos a causas con penas privativas de libertad elevadas o delitos de gran impacto social, el abogado penalista deja de ser un mero asesor para convertirse en el garante efectivo de los derechos fundamentales del investigado.

En procedimientos complejos tramitados en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y ante la Audiencia Provincial, la experiencia técnica marca la diferencia.

Por Abraham Hernández Pérez
Director de Hernández Abraham Abogados

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La defensa penal en Tenerife comienza en la fase de instrucción

En los delitos graves, el procedimiento no se gana en el juicio oral; se construye desde la fase de instrucción.

En esta etapa son determinantes:

• El análisis de pruebas periciales complejas
• La impugnación de diligencias policiales
• La detección de vulneraciones de derechos fundamentales
• La estrategia en las primeras declaraciones

Un error en esta fase puede condicionar todo el proceso.

Como abogado penalista en Tenerife, he comprobado que la diferencia entre una condena y una absolución puede depender de un detalle técnico detectado a tiempo.

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Macrocausas y delitos de gran impacto mediático en Tenerife

Los procedimientos penales de gran relevancia pública exigen una defensa especialmente rigurosa.

En macrocausas que han marcado la crónica judicial de Tenerife, la presión mediática genera un fenómeno conocido como “juicio paralelo”. Esto puede afectar:

• A la presunción de inocencia
• A la reputación del investigado
• A la percepción social del caso

La defensa penal no solo se ejerce en la sala de vistas, sino también mediante una gestión estratégica y prudente de la comunicación.

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Delitos graves que requieren defensa especializada

Entre los procedimientos más complejos se encuentran:

• Homicidios y lesiones graves
• Delitos económicos
• Corrupción
• Seguridad vial con resultado de muerte
• Delitos contra la Administración Pública

La especialización en derecho penal permite abordar estos casos con una estrategia procesal sólida y personalizada.

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Más que técnica jurídica: responsabilidad humana

Detrás de cada procedimiento penal grave hay una vida, una familia y un futuro en juego.

Frente a grandes bufetes generalistas, la defensa penal especializada en Tenerife exige:

• Estudio exhaustivo del sumario
• Atención personal al cliente
• Disponibilidad real
• Estrategia procesal individualizada

El derecho penal es la “última ratio” del sistema jurídico. Por ello, requiere una entrega absoluta y un compromiso técnico constante.

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¿Necesita un abogado penalista en Tenerife?

Si está siendo investigado o acusado en un procedimiento penal grave en Santa Cruz de Tenerife, es fundamental actuar desde el primer momento.

Una defensa estratégica puede:

• Detectar nulidades procesales
• Reducir la pena solicitada
• Obtener una absolución
• Negociar acuerdos favorables cuando proceda

👉 Solicite una consulta confidencial con un abogado penalista en Tenerife y analice su situación con asesoramiento experto.

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FAQs

¿Cuándo debo contratar un abogado penalista en Tenerife?

Desde el primer momento en que sea citado como investigado o detenido.

¿Puede anularse una prueba obtenida ilegalmente?

Sí, si se vulneraron derechos fundamentales en su obtención.

¿Qué es la fase de instrucción?

Es la fase inicial del procedimiento penal donde se practican diligencias y se recaban pruebas.

¿Qué ocurre si el caso tiene repercusión mediática?

La defensa debe proteger la presunción de inocencia tanto en el proceso judicial como frente a la opinión pública.

Los procedimientos por delito de impago de pensiones en Tenerife pueden tener consecuencias muy graves para la persona acusada. Una condena penal por este tipo de delito puede implicar antecedentes penales, multas, e incluso la obligación de afrontar importantes responsabilidades económicas.

Sin embargo, no todo incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia constituye un delito.

En un procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Penal nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, la intervención de la abogada Tamara García Martín permitió obtener la absolución completa del acusado, tras acreditarse que el impago no obedecía a una voluntad de incumplir sus obligaciones familiares, sino a una situación económica real de dificultad.

Este caso constituye un claro ejemplo de cómo una defensa penal especializada en Tenerife puede cambiar por completo el resultado de un proceso penal.

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Acusación por delito de impago de pensiones en Santa Cruz de Tenerife

El procedimiento se inició tras la denuncia interpuesta por la madre de los menores por el supuesto impago de la pensión alimenticia fijada judicialmente en una sentencia de divorcio, por importe de 370 euros mensuales.

El Ministerio Fiscal calificó inicialmente los hechos como un delito de impago de pensiones del artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quien deja de abonar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos una prestación económica establecida por resolución judicial.

Una condena por este delito puede suponer:

• pena de prisión o multa
• antecedentes penales
• obligación de abonar las cantidades adeudadas

La situación procesal del acusado era, por tanto, especialmente delicada.

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La estrategia de defensa: acreditar la imposibilidad real de pago

La defensa dirigida por la abogada Tamara García Martín se centró en un aspecto fundamental en este tipo de procedimientos: demostrar la situación económica real del acusado.

En el delito de impago de pensiones no basta con acreditar que no se ha pagado. Es necesario probar además que la persona podía pagar y decidió no hacerlo.

Cuando existe una imposibilidad económica real, no puede hablarse de responsabilidad penal.

Durante el juicio se acreditaron varias circunstancias relevantes:

• el acusado trabajaba como camarero de forma estacional
• sus ingresos eran muy reducidos, llegando a percibir aproximadamente 300 euros mensuales
• soportaba importantes cargas económicas, incluidas hipotecas
• había realizado pagos parciales y atrasados cuando su situación se lo permitía

También quedó acreditado que durante años había cumplido con el pago de la pensión y que los incumplimientos se produjeron en un contexto de auténtica dificultad económica.

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La decisión del Juzgado de lo Penal nº 6 de Santa Cruz de Tenerife

Tras valorar la prueba practicada en el juicio, el tribunal concluyó que no podía afirmarse que el acusado hubiera actuado con voluntad de desatender sus obligaciones familiares.

El juzgado recordó que el delito de impago de pensiones no puede convertirse en un mecanismo para castigar penalmente situaciones de auténtica imposibilidad económica.

En este procedimiento quedó acreditado que:

• el acusado pagó cuando tuvo recursos
• realizó pagos parciales dentro de sus posibilidades
• su situación económica le impedía afrontar el pago íntegro de la pensión

Por todo ello, el tribunal dictó sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para el acusado.

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Por qué esta absolución es un resultado judicial relevante

La absolución obtenida por la abogada Tamara García Martín tiene una especial relevancia jurídica, porque en los procedimientos por impago de pensiones la acusación suele centrarse casi exclusivamente en la existencia objetiva del impago.

En este caso, la defensa consiguió:

• demostrar la ausencia de voluntad de incumplir
• acreditar la verdadera situación económica del acusado
• trasladar al tribunal una correcta interpretación del artículo 227 del Código Penal

Gracias a esta estrategia de defensa, el acusado evitó una condena penal y todas las consecuencias asociadas a la misma.

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Cuándo el impago de pensiones no es delito

Es importante recordar que no todo impago de pensión alimenticia constituye un delito.

Para que exista responsabilidad penal deben concurrir varios requisitos:

• existencia de una resolución judicial que establezca la pensión
• impago durante dos meses consecutivos o cuatro meses alternos
• capacidad económica real para pagar y decisión voluntaria de no hacerlo

Cuando se acredita una imposibilidad real de pago, el conflicto puede tener relevancia en la jurisdicción civil, pero no necesariamente en la vía penal.

En los últimos años hemos asistido a diversas reformas del Código Penal que prometen endurecer las penas para los delitos contra la seguridad vial. Sin embargo, desde la práctica diaria en los tribunales de Santa Cruz de Tenerife, la realidad jurídica es más compleja de lo que parece.

Como abogado especializado en accidentes de tráfico en Tenerife, la experiencia demuestra que no basta con endurecer las penas; es fundamental garantizar que las víctimas obtengan una reparación real y efectiva.

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Reformas del Código Penal y delitos contra la seguridad vial

Las reformas han afectado especialmente a:

• Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas
• Exceso de velocidad
• Conducción temeraria
• Homicidio y lesiones por imprudencia

Sobre el papel, las penas se han incrementado en determinados supuestos. Sin embargo, la cuestión clave no es solo la pena de prisión, sino la indemnización y protección de la víctima del accidente de tráfico.

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El problema real tras un accidente de tráfico en Tenerife

Cuando se produce un siniestro vial, las víctimas se enfrentan a:

• Procedimientos penales complejos
• Negociaciones con aseguradoras
• Valoraciones médicas discutidas
• Retrasos judiciales

En muchos casos, el sistema técnico-jurídico se convierte en una barrera para quienes buscan justicia.

Por eso es esencial contar con un abogado especialista en accidentes de tráfico en Tenerife, que conozca tanto el procedimiento penal como la reclamación civil derivada del delito.

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Más allá de la pena: la importancia de la indemnización

No se trata solo de cuántos años de prisión puede solicitarse por una imprudencia grave o un positivo en alcoholemia.

Lo verdaderamente relevante es:

• Que la indemnización se calcule correctamente
• Que se apliquen los baremos actualizados
• Que se reconozcan secuelas físicas y psicológicas
• Que la familia reciba reparación en caso de fallecimiento

Una defensa técnica y especializada puede marcar la diferencia entre una compensación mínima y una reparación justa.

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Especialización frente a macrodespachos generalistas

Frente a grandes bufetes generalistas, la especialización en derecho penal y seguridad vial en Tenerife permite:

• Estrategia procesal adecuada desde el inicio
• Coordinación con peritos médicos
• Negociación firme con aseguradoras
• Defensa activa en juicio

La seguridad vial no es una estadística. Es un derecho que exige una defensa cercana y personalizada.

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¿Necesitas abogado por accidente o delito vial en Tenerife?

Si has sufrido un accidente de tráfico o estás implicado en un procedimiento por alcoholemia o imprudencia grave, es fundamental actuar desde el primer momento.

Una correcta estrategia puede:

• Reducir responsabilidades penales
• Aumentar la indemnización
• Agilizar el procedimiento

👉 Consulta con un abogado especialista en accidentes de tráfico en Tenerife y analiza tu caso con asesoramiento profesional.

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FAQs

¿Qué pena tiene un delito de alcoholemia en Tenerife?

Depende de la tasa y las circunstancias, pero puede incluir multa, retirada del carnet y prisión en casos graves.

¿Cuánto tarda un juicio por accidente de tráfico?

Depende del tipo de procedimiento y del juzgado, pero puede oscilar entre varios meses y más de un año.

¿Puedo reclamar indemnización aunque haya proceso penal?

Sí. La responsabilidad civil puede reclamarse dentro del proceso penal o en vía civil.

¿Es obligatorio ir a juicio?

Abogados Tenerife. El delito de simulación de delito se encuentra regulado en el Capítulo V Título XX del Código Penal, artículo 457:

El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.

La simulación de delito consiste, pues, en simular ser el autor o la víctima de un hecho delictivo, así como denunciar un delito inexistente ante un funcionario judicial o administrativo, provocando que se inicien procesos de investigación y dificultando el funcionamiento de la Justicia.

En Hernández Abraham Abogados, abogados en Santa Cruz de Tenerife, le asesoraremos sobre el delito de simulación de delito. Somos especialistas en derecho penal.

Los requisitos de simulación del delito son:

• Formular una denuncia de los hechos: La denuncia debe presentarse, necesariamente, ante la autoridad judicial o administrativa que tenga la responsabilidad de poner en marcha las averiguaciones.
• Denunciar un delito falso: Es autor quien denuncia un hecho delictivo inexistente o bien se culpa a sí mismo de cometer una infracción penal. La simulación debe resultar verosímil y no debe involucrar a un tercero.
• Provocar actuaciones procesales: El sujeto activo ha de provocar el inicio de actuaciones procesales en el juzgado.

El bien jurídico protegido es, lógicamente, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Este delito suele confundirse con la denuncia falsa, del que ya hemos hablado en anteriores artículos, puesto que sus requisitos son muy similares. La principal diferencia radica en que, en la denuncia falsa, se imputa un delito falso a otra persona, provocando un perjuicio a la misma mientras que, en la simulación de delito, el sujeto activo no acusa directamente a una persona, lo que significa que la imputación recae en un desconocido o en sí mismo.

En Hernández Abraham Abogados, abogados en Santa Cruz de Tenerife, le asesoraremos sobre este tipo de delitos. Somos especialistas en derecho penal.

Contacte con Hernández Abraham Abogados. Contacte con Abogados Tenerife

Abogados Tenerife. El delito de falso testimonio se encuentra regulado en el Capítulo VI (del falso testimonio) del Código Penal, artículos 458 a 462.

Concretamente, el tipo básico se regula en el artículo número 458:

1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.
3. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Internacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en virtud de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero.

Se trata, como es de ver, de un delito especial, porque solo lo puede cometer quien sea testigo en un procedimiento judicial. El acusado no cometerá un delito de falso testimonio si falta a la verdad en su declaración.

La pena establecida para el delito de falso testimonio será agravada en los siguientes supuestos:

Artículo 459 del Código Penal:

Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años.

Artículo 460 del Código Penal:

Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.

Artículo 461 del Código Penal en su segundo apartado:

Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, graduado social o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se impondrá en cada caso la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

El bien jurídico protegido es, lógicamente, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

En Hernández Abraham Abogados, abogados en Santa Cruz de Tenerife, le asesoraremos sobre este tipo de delitos. Somos especialistas en derecho penal.

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