ABSOLUCIÓN EN TENERIFE FRENTE A UNA ACUSACIÓN DE 11 AÑOS DE PRISIÓN POR ABUSOS SEXUALES: LOGRO DE ABRAHAM HERNÁNDEZ PÉREZ

La defensa fue ejercida por Abraham Hernández, abogado penalista en Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, cuya estrategia procesal resultó decisiva para el desenlace del caso.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección Sexta) dictó la Sentencia nº 276/2019, de 30 de septiembre, acordando la absolución completa del acusado en un procedimiento penal en el que se enfrentaba a una petición de 11 años de prisión por un presunto delito continuado de abusos sexuales a menor de 13 años.

Se trata de un resultado de especial relevancia en el ámbito del derecho penal en Tenerife, tanto por la gravedad de la acusación como por la complejidad probatoria que caracteriza a este tipo de procedimientos por delitos contra la libertad sexual.


Un procedimiento penal por delito sexual de extrema gravedad

El proceso penal se originó a raíz de una denuncia por presuntos abusos sexuales sobre un menor de 13 años, un delito que, conforme al Código Penal aplicable en el momento de los hechos, podía conllevar penas especialmente elevadas.

Durante el juicio oral, el Ministerio Fiscal solicitó una condena de:

  • 11 años de prisión
  • prohibición de aproximación y comunicación con el denunciante
  • libertad vigilada
  • indemnización por daños morales

La acusación situaba al investigado ante un escenario procesal de enorme gravedad, con consecuencias personales, familiares y jurídicas muy severas.

En este contexto, la intervención de una defensa penal especializada en Tenerife resultaba determinante.


La clave de la defensa: un elemento esencial del tipo penal

La estrategia de defensa dirigida por Abraham Hernández se centró en analizar un punto jurídico fundamental del tipo penal imputado: la edad exacta del denunciante al inicio de los hechos.

En la legislación aplicable en aquel momento, el delito de abusos sexuales sin consentimiento se configuraba automáticamente cuando la supuesta víctima tenía menos de 13 años, ya que en ese supuesto el consentimiento del menor carecía de relevancia jurídica.

Por tanto, para poder dictar una condena era imprescindible acreditar con certeza que el denunciante tenía menos de 13 años cuando comenzaron los hechos enjuiciados.


Problemas probatorios detectados en el juicio oral

Tras la práctica de la prueba, el tribunal apreció importantes dificultades para tener por acreditado ese elemento esencial del delito.

La sentencia recoge que:

  • el denunciante no recordaba con precisión si tenía 12 o 13 años cuando comenzaron los hechos
  • existían contradicciones en su relato
  • otros testimonios no permitían fijar la edad con certeza
  • no existían pruebas objetivas que confirmaran ese extremo

Esta falta de certeza probatoria resultó decisiva para la resolución del procedimiento penal.

En los procesos por delitos sexuales en Tenerife, como en cualquier otro procedimiento penal, la acusación tiene la obligación de acreditar con prueba suficiente todos los elementos del delito.


Presunción de inocencia e “in dubio pro reo”

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife recordó en su resolución que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, impide condenar a una persona cuando no existe prueba bastante sobre los elementos esenciales del tipo penal.

En este caso, la Sala concluyó que no se había acreditado con la certeza exigida la edad del denunciante al inicio de los hechos.

Esa duda razonable obligaba a aplicar el principio jurídico “in dubio pro reo”, según el cual toda duda relevante en el proceso penal debe resolverse a favor del acusado.


La sentencia: absolución completa del acusado

Como consecuencia de la falta de prueba suficiente sobre un elemento esencial del delito, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó un fallo claro:

  • absolución completa del acusado
  • declaración de las costas de oficio

La resolución pone de manifiesto que la carga de la prueba corresponde siempre a la acusación y que, cuando esta no consigue acreditar con plena certeza todos los requisitos del delito, la única respuesta jurídicamente posible es la absolución.


Un logro penal de especial relevancia en Tenerife

Desde el punto de vista jurídico, el resultado obtenido por Abraham Hernández constituye un logro especialmente relevante por varias razones.

Se evitó una condena de extrema gravedad

El acusado se enfrentaba a una pena de 11 años de prisión, una de las sanciones más severas dentro del ámbito del derecho penal.

La sentencia final fue de absolución total, evitando cualquier pena privativa de libertad.

Se trataba de un procedimiento de alta complejidad probatoria

Los procedimientos por delitos contra la libertad sexual presentan una gran complejidad, ya que en muchas ocasiones el proceso gira en torno a la declaración de la presunta víctima y a la valoración de su credibilidad.

Lograr una absolución en este contexto exige una defensa técnicamente rigurosa, un análisis minucioso de la prueba y una correcta identificación del núcleo del debate penal.

La defensa centró el caso en el punto decisivo

La estrategia de defensa consiguió focalizar el debate jurídico en un aspecto esencial: la imposibilidad de acreditar con certeza la edad del denunciante al inicio de los hechos.

Al no quedar probado ese elemento con la exigencia propia del proceso penal, el tribunal concluyó que no era posible condenar.

Puede acceder a la noticia completa en el periódico El Día en el siguiente enlace.

ABSOLUCIÓN POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA EN TENERIFE: ABRAHAM HERNÁNDEZ LOGRA UNA SENTENCIA FAVORABLE EN UN CASO DE CULTIVO DE CANNABIS

En este procedimiento intervino como abogado defensor Abraham Hernández abogado penalista en Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, cuya estrategia procesal se centró en demostrar la ausencia de prueba suficiente sobre la finalidad de tráfico, elemento esencial para una condena por este tipo de delito.

Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santa Cruz de Tenerife acordó la absolución de un acusado investigado por un delito contra la salud pública, tras no quedar acreditado que el cultivo de cannabis intervenido estuviera destinado al tráfico de drogas.

La resolución constituye un ejemplo claro de cómo una defensa penal especializada en Tenerife puede resultar determinante en procedimientos relacionados con drogas, especialmente cuando la acusación no logra acreditar que la sustancia estuviera destinada al mercado ilícito.


El delito contra la salud pública por drogas en el Código Penal

El artículo 368 del Código Penal castiga a quienes:

  • cultiven
  • elaboren
  • trafiquen
  • o faciliten el consumo ilegal de drogas

cuando estas conductas están dirigidas a introducir las sustancias estupefacientes en el mercado ilícito.

En el caso de sustancias que no causan grave daño a la salud, como puede ocurrir con el cannabis, las penas previstas pueden llegar a:

  • 1 a 3 años de prisión
  • además de multas económicas relevantes

No obstante, el derecho penal español distingue claramente entre:

  • el cultivo o posesión con finalidad de tráfico
  • y el cultivo destinado al consumo propio

Solo el primero constituye delito.


Los hechos investigados: cultivo de cannabis en Tenerife

El procedimiento tuvo su origen en una intervención policial en una vivienda situada en San Isidro (Granadilla de Abona), en el sur de Tenerife.

Durante la actuación policial se localizaron:

  • 23 plantas de cannabis
  • 251,2 gramos de sustancia
  • con una pureza aproximada del 7,1 %

Según las estimaciones policiales, el valor de la sustancia en el mercado ilícito podría alcanzar aproximadamente 1.227 euros.

A partir de estos hechos se inició un procedimiento penal por delito contra la salud pública en Tenerife, al entender inicialmente que el cultivo podía estar orientado al tráfico.


La cuestión clave del juicio: tráfico de drogas o autoconsumo

En los procedimientos por cultivo de cannabis en Tenerife, la cuestión jurídica fundamental es determinar si existe una verdadera finalidad de tráfico.

Para acreditar la existencia de tráfico de drogas, los tribunales suelen valorar indicios objetivos como:

  • balanzas de precisión
  • bolsas de dosificación
  • dinero fraccionado
  • listas de clientes
  • utensilios de preparación para la venta

Cuando estos elementos no aparecen, la acusación encuentra mayores dificultades para demostrar que la droga estaba destinada a la venta y no al consumo propio.


La estrategia de defensa de Abraham Hernández

La defensa ejercida por Abraham Hernández  se centró en evidenciar la ausencia de indicios objetivos de comercialización.

Durante el juicio se puso de manifiesto que:

  • no se encontraron balanzas de precisión
  • no existían bolsas de preparación para la venta
  • no había instrumentos típicos asociados al tráfico de drogas

Además, el acusado sostuvo durante su declaración que el cultivo estaba destinado exclusivamente al autoconsumo.

Un aspecto especialmente relevante del juicio fue que el propio agente de la Guardia Civil que intervino en la actuación reconoció que no se hallaron elementos característicos de una actividad de distribución de drogas.

Esta circunstancia reforzó la tesis de la defensa de que no existía prueba de cargo suficiente para sostener una condena penal.


La valoración del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Tras analizar la prueba practicada en el juicio oral, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar la finalidad de tráfico.

Entre los factores valorados por el juzgado destacan:

  • la ausencia de indicios de comercialización
  • la cantidad intervenida, que no se consideró incompatible con el autoconsumo
  • la falta de prueba de cargo suficiente

En consecuencia, el tribunal aplicó el principio constitucional de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.


La sentencia: absolución por delito contra la salud pública

Finalmente, el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia acordando:

  • la absolución del acusado
  • la declaración de las costas de oficio
  • el levantamiento de las medidas cautelares

La resolución concluye que no quedó acreditado que el acusado pretendiera introducir la sustancia intervenida en el mercado ilícito, elemento indispensable para una condena por delito contra la salud pública.


Un resultado penal especialmente relevante en Tenerife

Desde el punto de vista jurídico, esta absolución tiene una especial relevancia porque evita las consecuencias penales que habría supuesto una condena por tráfico de drogas, entre ellas:

  • pena de prisión
  • multa económica
  • antecedentes penales

La intervención de Abraham Hernández en este procedimiento demuestra la importancia de una defensa penal rigurosa en casos de cultivo de cannabis en Tenerife, especialmente cuando la acusación no puede acreditar de forma suficiente la finalidad de tráfico.

No toda posesión o cultivo de cannabis constituye automáticamente un delito. La diferencia entre autoconsumo y tráfico resulta decisiva, y su correcta valoración puede cambiar por completo el resultado del procedimiento penal.

ABSOLUCIÓN POR LESIONES IMPRUDENTES EN ACCIDENTE DE TRÁFICO EN TENERIFE: ABRAHAM HERNÁNDEZ EVITA LA PENA DE PRISIÓN

En este caso intervino como abogado defensor Abraham Hernández Pérez, abogado penalista en Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, logrando una resolución de gran relevancia jurídica: la absolución del acusado por el delito de lesiones imprudentes y la imposición de una pena de multa en lugar de prisión, pese a la existencia de antecedentes penales.

La Sentencia nº 36/2026, de 27 de febrero, dictada por el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife (Sección Penal, Plaza nº 8), ha dejado un resultado especialmente favorable para la defensa en un procedimiento por accidente de tráfico con lesiones y delito contra la seguridad vial.

Se trata de un ejemplo claro de cómo una defensa penal especializada en Tenerife puede resultar determinante para reducir de forma muy significativa las consecuencias penales de un procedimiento.


Un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife con acusación por lesiones imprudentes

El procedimiento tuvo su origen en una colisión por alcance ocurrida en Santa Cruz de Tenerife, cuando el acusado conducía un vehículo sin disponer de permiso de conducción.

Como consecuencia del accidente, la conductora del vehículo alcanzado sufrió lesiones consistentes en:

  • cervicodorsalgia postraumática
  • latigazo cervical
  • contractura muscular

Estas lesiones requirieron tratamiento médico rehabilitador, lo que llevó a las acusaciones a sostener que los hechos constituían:

Además, el Ministerio Fiscal apreciaba reincidencia, al existir condenas previas del acusado por delitos contra la seguridad vial.

La situación procesal era, por tanto, especialmente delicada, ya que el acusado podía enfrentarse a una condena notablemente más grave, incluyendo una posible pena de prisión.


La estrategia de defensa de Abraham Hernández: excluir la imprudencia penal

Uno de los ejes fundamentales de la defensa dirigida por Abraham Hernández Pérez se centró en cuestionar que los hechos pudieran constituir una imprudencia penalmente relevante.

En el derecho penal español, no toda colisión o accidente de tráfico da lugar a un delito. Para que exista responsabilidad penal por lesiones imprudentes es necesario que la conducta suponga una infracción grave o menos grave del deber de cuidado en la conducción.

Tras la práctica de la prueba en el juicio, el tribunal acogió la tesis sostenida por la defensa y concluyó que:

  • el accidente consistió en una simple colisión por alcance
  • existían contradicciones en las versiones de los hechos
  • no se acreditó exceso de velocidad
  • no se acreditó conducción peligrosa
  • únicamente podía apreciarse una simple desatención al volante

Sobre esa base, la sentencia concluyó que no existía imprudencia grave ni menos grave, sino únicamente una imprudencia leve, que queda fuera del ámbito penal y debe resolverse, en su caso, en la vía civil.

Como consecuencia de ello, el tribunal acordó la absolución del acusado por el delito de lesiones imprudentes.


Condena solo por conducir sin permiso y sin pena de prisión

Aunque el tribunal sí consideró acreditado el delito de conducción sin permiso, la intervención de la defensa también resultó decisiva en la fase de determinación de la pena.

El acusado contaba con dos condenas previas por el mismo delito, circunstancia que llevó al Ministerio Fiscal a apreciar la agravante de reincidencia y a solicitar una respuesta penal más severa, incluida la pena de prisión.

Sin embargo, la sentencia finalmente optó por una solución mucho más favorable para el acusado y rechazó la petición de prisión, imponiendo únicamente:

  • 20 meses de multa
  • con una cuota diaria de 6 euros

Este pronunciamiento permitió que el acusado evitara el ingreso en prisión, a pesar de la existencia de antecedentes penales.


Un resultado penal especialmente favorable en Tenerife

Desde el punto de vista jurídico, el resultado obtenido en este procedimiento representa una reducción muy significativa del riesgo penal inicial.

El caso partía de un escenario especialmente complicado, en el que el acusado podía enfrentarse a consecuencias penales mucho más graves derivadas de:

  • una condena por lesiones imprudentes en accidente de tráfico
  • una condena por delito contra la seguridad vial
  • la aplicación de la agravante de reincidencia

Sin embargo, la resolución final establece:

  • absolución completa del delito de lesiones imprudentes
  • condena únicamente por conducción sin permiso
  • pena de multa en lugar de prisión, pese a los antecedentes

En la práctica penal, este tipo de resoluciones reflejan cómo una defensa penal técnicamente sólida puede ser determinante para reducir de forma muy importante las consecuencias jurídicas de un procedimiento.

TAMARA GARCÍA LOGRA LA ABSOLUCIÓN TRAS REVOCAR LA AUDIENCIA PROVINCIAL UNA CONDENA POR ROBO CON FUERZA

La defensa fue ejercida por la abogada Tamara García Martín, cuya intervención en fase de recurso permitió dejar sin efecto una condena impuesta en primera instancia y restablecer plenamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Una condena inicial por robo con fuerza en Santa Cruz de Tenerife

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia por la supuesta manipulación de una máquina recreativa situada en un establecimiento de hostelería de San Cristóbal de La Laguna.

El caso fue enjuiciado inicialmente por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, que dictó sentencia condenando al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.

La sentencia imponía:

  • 1 año de prisión
  • inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo
  • pago de 2.428,80 euros en concepto de responsabilidad civil

La condena se sustentaba en la hipótesis de que el acusado habría fracturado la máquina recreativa con una radial para apoderarse del dinero que se encontraba en su interior.

Sin embargo, la defensa apreció importantes deficiencias en la valoración de la prueba y decidió interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.


La estrategia de defensa: recurso de apelación y presunción de inocencia

La abogada Tamara García Martín articuló la defensa en segunda instancia sobre un eje esencial del proceso penal: la falta de prueba de cargo suficiente.

En el recurso se puso de manifiesto que:

  • el acusado negó de forma clara haber manipulado la máquina
  • el denunciante no afirmó en ningún momento que el acusado fuera el autor de los hechos
  • existía incertidumbre sobre cuándo se produjo realmente el daño
  • otras personas podían haber tenido acceso al establecimiento o a la máquina

Además, se señaló una cuestión especialmente relevante desde el punto de vista procesal: la sentencia de primera instancia había otorgado valor a una prueba pericial que no llegó a practicarse en el juicio oral, ya que el perito no compareció en la vista.

En el proceso penal español, la condena solo puede basarse en pruebas válidas y practicadas con todas las garantías, por lo que este aspecto resultó determinante en la revisión del caso.


El análisis de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Al resolver el recurso, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife llevó a cabo un examen exhaustivo de la prueba practicada durante el juicio.

El tribunal detectó varios problemas fundamentales en la sentencia condenatoria:

  • el denunciante no pudo afirmar que el acusado fuera el autor del daño
  • su testimonio resultó impreciso y vacilante
  • existía incertidumbre sobre el funcionamiento de la máquina tras la pandemia
  • otras personas podían haber tenido acceso a la máquina recreativa

La Audiencia concluyó que no existía prueba de cargo suficiente para atribuir el delito al acusado.

En consecuencia, recordó un principio básico del derecho penal: nadie puede ser condenado sin pruebas válidas, suficientes y practicadas con todas las garantías.


Revocación de la condena y absolución completa

Tras analizar el recurso presentado por la defensa, la Audiencia Provincial concluyó que la sentencia inicial no podía mantenerse.

El tribunal destacó que:

  • no existían pruebas directas de autoría
  • tampoco existían indicios sólidos suficientes
  • la condena se había construido sobre suposiciones insuficientemente acreditadas

Por todo ello, la Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Tamara García Martín y revocó íntegramente la sentencia condenatoria, dictando una nueva resolución absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para el acusado.

La sentencia fue declarada firme.


Por qué esta absolución es un resultado penal especialmente relevante

Desde el punto de vista jurídico, esta resolución constituye un resultado de gran importancia por varias razones.

Se revoca una condena penal en segunda instancia

Conseguir una absolución después de una condena en primera instancia siempre tiene una especial relevancia, ya que implica convencer al tribunal superior de que la valoración de la prueba fue errónea.

Se restablece la presunción de inocencia

La Audiencia Provincial reconoce expresamente que no existía prueba suficiente para condenar, aplicando de forma directa uno de los principios esenciales del proceso penal.

Se evita prisión, antecedentes y responsabilidad civil

La actuación de la defensa permitió que el acusado evitara:

  • una pena de prisión
  • antecedentes penales
  • el pago de la responsabilidad civil fijada en la sentencia condenatoria

Demuestra la importancia de una defensa penal especializada en apelación

Los recursos penales requieren un análisis muy preciso de la sentencia, de la prueba practicada y de los fundamentos jurídicos utilizados por el juzgado.

En este caso, esa estrategia técnica fue decisiva para cambiar por completo el resultado del procedimiento.

ABRAHAM HERNÁNDEZ LOGRA ABSOLUCIÓN EN CASO DE AGRESIÓN SEXUAL EN TENERIFE FRENTE A UNA ACUSACIÓN DE 9 AÑOS DE PRISIÓN

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección Segunda) dictó la sentencia nº 161/2024, de 17 de junio de 2024, mediante la cual se acordó la absolución total del acusado en un procedimiento por delito de agresión sexual tramitado inicialmente en el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna.

En este procedimiento penal, la defensa fue ejercida por el abogado Abraham Hernández Pérez, director de Hernández Abraham Abogados y penalista con más de veinte años de experiencia en los tribunales de Tenerife.

El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 9 años de prisión, además de diversas medidas accesorias. Finalmente, tras la celebración del juicio oral, el tribunal acordó la absolución del acusado al no alcanzarse la certeza necesaria para dictar una condena penal.

El fallo de la Audiencia Provincial es claro en su parte dispositiva:

“Absolvemos a ************* como autor responsable de un delito de agresión sexual por el que venía acusado”.


Un procedimiento penal de especial gravedad

El caso se refería a un supuesto delito de agresión sexual con penetración, tipificado en los artículos 178, 179 y 180.1.3 del Código Penal, con la agravante relativa a la supuesta situación de inconsciencia de la víctima.

Este tipo de procedimientos penales se encuentran entre los más complejos dentro del derecho penal, ya que suelen basarse fundamentalmente en la valoración del testimonio de las partes y en pruebas periciales de carácter biológico o médico.

En muchas ocasiones, los tribunales deben resolver situaciones en las que existen versiones contrapuestas de los hechos, lo que convierte la valoración de la prueba en un elemento determinante del proceso.


Estrategia de defensa durante el procedimiento

La sentencia recoge diferentes líneas de defensa que fueron planteadas durante el procedimiento penal.

Entre ellas destaca el análisis de la prueba científica y de los elementos probatorios incorporados al proceso.

Impugnación de la prueba biológica

Durante el procedimiento se cuestionó la obtención de determinadas muestras biológicas, en particular en relación con:

  • el procedimiento de recogida de muestras de saliva
  • la ausencia de constancia del consentimiento para su obtención
  • la falta de asistencia letrada en determinados momentos procesales

En este contexto se invocaron preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al uso de pruebas genéticas en el proceso penal.


Valoración del testimonio en delitos sexuales

Otro de los aspectos analizados por el tribunal fue la credibilidad del testimonio aportado en el procedimiento.

En la sentencia se mencionan diversos elementos que generaron dudas razonables en la valoración del relato, entre ellos:

  • contradicciones en relación con hechos previamente declarados
  • dificultades para recordar determinados episodios
  • aspectos del relato que el tribunal consideró poco consistentes

En los delitos contra la libertad sexual, la jurisprudencia establece que el testimonio de la víctima puede ser suficiente para fundamentar una condena si cumple determinados criterios de credibilidad.

No obstante, cuando existen dudas razonables sobre la certeza de los hechos, debe aplicarse el principio fundamental del derecho penal conocido como “in dubio pro reo”.


Aplicación del principio de presunción de inocencia

Tras valorar el conjunto de las pruebas practicadas durante el juicio oral, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife concluyó que no existía certeza suficiente para declarar la culpabilidad del acusado.

En consecuencia, el tribunal aplicó el principio de presunción de inocencia, uno de los pilares fundamentales del proceso penal.

La resolución supuso una absolución completa, no una reducción de pena ni una recalificación del delito.


Un resultado relevante en el ámbito del derecho penal

Desde el punto de vista jurídico, el resultado del procedimiento tiene especial relevancia debido a varios factores.

En primer lugar, el acusado se enfrentaba a una pena solicitada de 9 años de prisión, además de medidas accesorias como órdenes de alejamiento o libertad vigilada.

En segundo lugar, los procedimientos por delitos contra la libertad sexual se caracterizan por su elevada complejidad probatoria y por la especial sensibilidad judicial que los rodea.

Finalmente, la absolución fue dictada directamente por la Audiencia Provincial, tras la celebración del juicio oral y frente a la acusación del Ministerio Fiscal.


Defensa penal especializada en Tenerife

La intervención en este tipo de procedimientos refleja la importancia de contar con una defensa penal técnica y especializada, especialmente cuando se trata de delitos graves con consecuencias penales significativas.

El despacho Hernández Abraham Abogados desarrolla su actividad principalmente en el ámbito del derecho penal en Santa Cruz de Tenerife, participando en procedimientos tramitados ante los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La experiencia en casos complejos y la atención detallada al análisis de la prueba son elementos clave en la defensa de los derechos fundamentales dentro del proceso penal.

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CASOS DESTACADOS EN TENERIFE: EXPERIENCIA DE ABRAHAM HERNÁNDEZ ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

La trayectoria profesional de Abraham Hernández Pérez, abogado penalista en Santa Cruz de Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, incluye la participación en diversos procedimientos penales relevantes tramitados ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y otros órganos judiciales de la isla.

A lo largo de más de 20 años de ejercicio profesional, el letrado ha intervenido en casos complejos relacionados con delitos económicos, macrocausas de narcotráfico, delitos sexuales y procedimientos derivados de siniestros estructurales con gran impacto social en Tenerife.

A continuación se resumen algunos de los procedimientos más destacados en los que ha participado.


Caso de estafa y falsedad documental — Audiencia Provincial de Tenerife (2018)

Uno de los procedimientos más relevantes en materia de derecho penal económico en Tenerife fue el tramitado ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, resuelto mediante la sentencia nº 70/2018 de 21 de febrero.

En este procedimiento se imputaban inicialmente dos delitos:

  • falsedad en documento mercantil
  • estafa agravada

Las peticiones de las acusaciones eran especialmente elevadas:

  • acusación particular: 4 años y 9 meses de prisión
  • fiscalía: 4 años de prisión
  • en fases previas del procedimiento se manejaban penas cercanas a 7 años de prisión

Resultado del juicio

Tras el debate jurídico en el juicio oral, la Audiencia Provincial dictó sentencia estableciendo:

  • absolución por el delito de falsedad en documento mercantil
  • condena únicamente por estafa agravada
  • pena final: 2 años de prisión

Relevancia jurídica del caso

El tribunal concluyó que los documentos que la acusación consideraba manipulados no podían calificarse como documentos mercantiles, sino como documentos internos de control empresarial.

Esta interpretación jurídica tuvo consecuencias decisivas en el resultado del procedimiento, ya que eliminó uno de los delitos principales imputados.

Desde el punto de vista penal, el resultado supuso:

  • reducción de más del 50 % de la pena solicitada
  • eliminación de uno de los delitos imputados
  • imposición de una pena situada en el umbral que permite la suspensión de la prisión en determinados casos

Macrocausa de narcotráfico en Tenerife: Operación Marejada

Otro de los procedimientos de especial complejidad en los que participó Abraham Hernández Pérez fue la conocida Operación Marejada, una investigación penal relacionada con delitos contra la salud pública.

Esta macrocausa se caracterizó por:

  • un elevado número de investigados
  • numerosos tomos de diligencias
  • una extensa fase de instrucción

Los procedimientos por tráfico de drogas en Tenerife suelen requerir una defensa técnica especialmente detallada debido al volumen de pruebas, intervenciones policiales y diligencias de investigación.

La participación en este tipo de causas refleja la experiencia del despacho en procedimientos penales complejos ante los tribunales de Santa Cruz de Tenerife.


Absolución en un procedimiento por delito sexual (2019)

En otra causa penal relevante tramitada ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el abogado ejerció la defensa en un procedimiento por delito sexual.

Tras la celebración del juicio, el tribunal dictó sentencia absolutoria para el acusado.

El caso fue recogido por el periódico El Día el 8 de octubre de 2019, convirtiéndose en una de las resoluciones destacadas en la actualidad judicial de la provincia.

Este tipo de procedimientos requieren una especial atención a la valoración de la prueba y al principio de presunción de inocencia, fundamentales en el proceso penal español.


Caso del derrumbe del edificio Julián José en Los Cristianos

El abogado también ha intervenido como letrado de perjudicados en uno de los sucesos más impactantes ocurridos en Tenerife en los últimos años: el derrumbe del edificio Julián José en Los Cristianos (Arona), ocurrido en 2016.

Este caso tuvo una enorme repercusión social y jurídica en la isla, al tratarse de un procedimiento relacionado con:

  • responsabilidad civil por siniestros estructurales
  • posibles responsabilidades penales
  • análisis periciales técnicos sobre la estructura del edificio

La complejidad de este procedimiento refleja la importancia de contar con asesoramiento especializado en casos de responsabilidad civil y penal derivados de grandes siniestros.


Participación en medios de comunicación en Tenerife

Además de su actividad en los tribunales, Abraham Hernández Pérez ha intervenido en distintos medios de comunicación en Canarias para analizar cuestiones jurídicas de actualidad.

Entre estas participaciones destacan intervenciones en:

  • Cadena SER
  • Radio Canaria
  • el programa Hoy por Hoy Tenerife de Radio Club Tenerife

Estas apariciones contribuyen a divulgar el funcionamiento del sistema judicial y a explicar a la ciudadanía los aspectos jurídicos de procedimientos de especial relevancia en Tenerife.


Experiencia en derecho penal en Santa Cruz de Tenerife

La participación en procedimientos ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, así como en macrocausas y casos mediáticos, forma parte de la trayectoria profesional de Abraham Hernández Pérez como abogado penalista en Tenerife.

Los casos mencionados reflejan la importancia de una defensa técnica rigurosa, especialmente en procedimientos penales complejos en los que se encuentran en juego derechos fundamentales y penas privativas de libertad.

SADIANA CABRERA LOGRA QUE LA AUDIENCIA NACIONAL RECONOZCA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA TRAS UNA DENEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Este fallo constituye un importante éxito jurídico en materia de derecho de extranjería y nacionalidad española, y pone de relieve la relevancia de una defensa especializada cuando la Administración aplica de forma restrictiva los requisitos legales.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de una ciudadana extranjera a obtener la nacionalidad española, después de que su solicitud hubiera sido denegada por la Administración. La resolución, dictada el 29 de octubre de 2025 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima el recurso interpuesto por la defensa dirigida por la abogada Sadiana Cabrera, corrigiendo el criterio mantenido por el Ministerio de Justicia y reconociendo de forma directa el derecho de la solicitante a la nacionalidad española.

El origen del procedimiento: denegación de nacionalidad española por residencia

El litigio se inició tras la resolución dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, que denegó la solicitud de nacionalidad española presentada por la demandante.

La Administración entendía que la solicitante no cumplía el requisito de residencia legal en España, al considerar que debía acreditar dos años de residencia continuada en el momento de formular la solicitud.

El criterio administrativo descartaba la aplicación del plazo reducido de un año de residencia previsto en el artículo 22.2 del Código Civil, al entender que dicho beneficio no resultaba aplicable al caso.


La estrategia jurídica de la defensa dirigida por Sadiana Cabrera

La defensa asumida por la abogada Sadiana Cabrera centró el recurso contencioso-administrativo en demostrar que la interpretación de la Administración era jurídicamente incorrecta.

La clave del caso se encontraba en el origen familiar de la solicitante. La madre de la demandante había adquirido la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, norma que permitió a numerosos descendientes de españoles emigrados recuperar o adquirir la nacionalidad española.

El elemento determinante era que el abuelo de la solicitante era originariamente español. Desde esa base jurídica, la defensa sostuvo que la demandante podía acogerse al régimen especial previsto en el artículo 22 del Código Civil, y por tanto beneficiarse del plazo reducido de un año de residencia exigido para obtener la nacionalidad española.

En el recurso se defendió que:

  • la solicitante era descendiente de un español de origen
  • la normativa sobre nacionalidad debía interpretarse de manera coherente con ese vínculo familiar
  • y, en consecuencia, debía aplicarse el régimen especial de acceso a la nacionalidad española

La Audiencia Nacional corrige al Ministerio de Justicia

Tras examinar la documentación aportada y la normativa aplicable, la Audiencia Nacional dio la razón a la parte recurrente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que el hecho de que el abuelo de la demandante fuera originariamente español permitía aplicar el régimen especial del artículo 22 del Código Civil, por lo que la solicitante sí cumplía el requisito de residencia exigido para acceder a la nacionalidad española.

En consecuencia, la sentencia acordó:

  • estimar el recurso contencioso-administrativo
  • reconocer el derecho de la demandante a obtener la nacionalidad española
  • condenar en costas a la Administración, con un límite de 1.500 euros

Este último pronunciamiento refuerza la importancia del fallo, ya que refleja que el tribunal consideró insuficientemente fundada la posición mantenida por la Administración.


Un triunfo jurídico relevante en materia de nacionalidad española

La resolución judicial obtenida por la letrada Sadiana Cabrera constituye un resultado especialmente relevante en el ámbito de la nacionalidad española por residencia por varios motivos.

Revocación de una decisión administrativa del Ministerio de Justicia

No es habitual que una denegación administrativa en materia de nacionalidad sea corregida judicialmente con un reconocimiento pleno del derecho solicitado. En este caso, la Audiencia Nacional no se limitó a ordenar una nueva revisión del expediente, sino que reconoció directamente el derecho a la nacionalidad española.

Reconocimiento completo del derecho solicitado

En muchos procedimientos de extranjería y nacionalidad, los tribunales optan por retrotraer actuaciones para que la Administración vuelva a resolver. Sin embargo, en este caso el tribunal adoptó una decisión definitiva favorable a la solicitante.

Interpretación garantista del artículo 22 del Código Civil

La sentencia reafirma que el artículo 22 del Código Civil debe interpretarse teniendo en cuenta los vínculos reales con españoles de origen, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas que puedan perjudicar a los descendientes de españoles emigrados.

Condena en costas a la Administración

La condena en costas, aunque limitada, tiene relevancia procesal porque pone de manifiesto que la postura administrativa no contaba con fundamento suficiente.


Importancia de esta sentencia para futuros expedientes de nacionalidad española

Este fallo de la Audiencia Nacional va más allá del caso concreto. Cada año se tramitan miles de expedientes de nacionalidad española, y muchas solicitudes son denegadas por interpretaciones restrictivas de los requisitos legales.

La sentencia pone de relieve que:

  • las resoluciones administrativas en materia de nacionalidad pueden ser revisadas judicialmente
  • los descendientes de españoles pueden beneficiarse de regímenes especiales de acceso a la nacionalidad
  • la correcta interpretación del artículo 22 del Código Civil es esencial para garantizar los derechos de los solicitantes

Por ello, esta resolución refuerza la seguridad jurídica en materia de nacionalidad española y demuestra la importancia de contar con una abogada especializada en extranjería y nacionalidad.

ABRAHAM HERNÁNDEZ PÉREZ ANALIZA LA ACTUALIDAD JURÍDICA EN CADENA SER TENERIFE

Intervención en el programa “Hoy por Hoy Tenerife” sobre los retos de la justicia y la defensa penal en Santa Cruz de Tenerife.

La presencia de la abogacía en los medios de comunicación es fundamental para acercar el derecho a la ciudadanía. En una reciente intervención en el programa “Hoy por Hoy Tenerife” de la Cadena SER, Abraham Hernández Pérez, abogado penalista en Santa Cruz de Tenerife y director de Hernández Abraham Abogados, analizó los principales retos actuales de la justicia en las islas.

Durante la entrevista, se abordaron cuestiones clave como:

  • La evolución de los procedimientos penales en Tenerife
  • La importancia de la fase de instrucción en delitos graves
  • La presión mediática en macrocausas
  • La necesidad de una defensa especializada y cercana

La participación en medios como Cadena SER Tenerife refuerza el compromiso del despacho con la divulgación jurídica y la transparencia. Explicar cómo funcionan los procesos judiciales y cómo afectan a las personas es parte esencial de una abogacía responsable.

Con más de 20 años de experiencia en derecho penal en Tenerife, Abraham Hernández destacó la importancia de que cualquier persona investigada o afectada por un procedimiento judicial cuente con asesoramiento técnico desde el primer momento.

La transparencia, el rigor y la cercanía son pilares fundamentales para generar confianza entre abogado y cliente, especialmente en momentos de incertidumbre jurídica.

👉 Puede escuchar la intervención completa en el podcast de Cadena SER (a partir del minuto 30:00).

DERRUMBE DE LOS CRISTIANOS EN TENERIFE: RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JUDICIAL TRAS LA TRAGEDIA

Análisis jurídico del proceso penal y civil en el caso del derrumbe en Santa Cruz de Tenerife y los pasos ante la Audiencia Provincial.

El derrumbe del edificio en Los Cristianos (Arona, Tenerife) fue una de las tragedias más impactantes de los últimos años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Siete años después, el proceso judicial continúa generando debate sobre la responsabilidad civil y penal en grandes siniestros.

En este procedimiento complejo, el despacho Hernández Abraham Abogados ha representado a parte de los afectados, defendiendo los intereses de las familias que buscan reparación frente a un entramado técnico y jurídico de gran dificultad.

En casos de derrumbes y siniestros estructurales, la clave no reside únicamente en determinar la existencia de un delito, sino en establecer correctamente:

  • La responsabilidad civil derivada del daño
  • La cadena de decisiones técnicas previas
  • La actuación de administradores y propietarios
  • La posible concurrencia de aseguradoras

Ante procedimientos de esta magnitud, la estrategia jurídica debe combinar conocimiento penal, responsabilidad civil y experiencia en macrocausas.

Recientemente, analizamos en Informativos TVC las implicaciones de la sentencia dictada y los pasos procesales a seguir ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en lo relativo a recursos y posibles revisiones de la responsabilidad.

La defensa en tragedias colectivas no es únicamente técnica; es también humana. Las víctimas y sus familias merecen una representación jurídica que combine rigor procesal y compromiso real con la búsqueda de justicia.

👉 Puede ver la intervención completa en Informativos TVC (Minuto 00:44) para conocer el análisis detallado del caso.

REDUCCIÓN DE PENAS EN MACROCAUSA POR TRÁFICO DE DROGAS EN TENERIFE: ÉXITO EN LA OPERACIÓN MAREJADA

Intervención técnica en procedimiento penal por delito contra la salud pública en Santa Cruz de Tenerife.

La defensa en procedimientos por tráfico de drogas en Tenerife exige una estrategia jurídica rigurosa, especialmente cuando se trata de macrocausas con múltiples investigados y elevadas peticiones de pena por delito contra la salud pública.

En el marco de la conocida como “Operación Marejada”, tramitada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el despacho Hernández Abraham Abogados logró una reducción significativa de las penas solicitadas, rebajando a la mitad las peticiones iniciales formuladas por la acusación.

Este resultado fue posible gracias a un análisis exhaustivo de la fase de instrucción, la revisión crítica de las pruebas presentadas y la argumentación jurídica centrada en la proporcionalidad penal y la correcta valoración de los hechos.

En los delitos contra la salud pública, donde las penas pueden alcanzar varios años de prisión, la diferencia entre una condena elevada y una resolución más favorable suele encontrarse en:

  • El estudio técnico del sumario
  • La impugnación de diligencias practicadas
  • La valoración de la prueba pericial
  • La aplicación precisa de la jurisprudencia

Las macrocausas penales en Tenerife requieren experiencia procesal y conocimiento profundo de la práctica ante la Audiencia Provincial.

Este caso reafirma que, ante peticiones de penas elevadas por tráfico de drogas, la persistencia técnica y la estrategia procesal adecuada son determinantes para garantizar un juicio justo.

👉 Puede consultar la noticia completa publicada en La Vanguardia para conocer los detalles del procedimiento.