Abogados Tenerife. Nuestro Código Penal prevé la posibilidad de suspender las penas privativas de libertad en su artículo 80, que establece que el Juez valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

Debemos recordar, que la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad es una posibilidad que depende exclusivamente de del Juez, lo que significa que es una facultad discrecional que le faculta para denegarla suspensión aunque concurran los requisitos legales establecidos para su concesión. En Hernández Abraham Abogados, Abogados Tenerife, somos especialistas en derecho penal.

Sentado lo anterior, serán condiciones necesarias para la suspensión:

1ª.-  Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136.

Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2ª.-  Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a DOS AÑOS, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3ª.-  Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine.

Si ha sido condenado a una pena privativa de libertad y necesita asesoramiento adicional, no dude en contactar con Hernández Abraham Abogados, abogados en Tenerife.

Abogados Tenerife. Para centrar el objeto de este tipo de situaciones hemos de recordar el contenido de dos artículos de nuestro Código Civil. El Artículo 93, párrafo segundo del Código civil establece:

«Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.»

Asimismo, el Artículo 152 del Código Civil establece:

«Cesará también la obligación de dar alimentos:

3º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.»

A este respecto la casuística es abundante, pero básicamente hablamos de supuestos en los hijos mayores de edad no quieren ni estudiar ni trabajar y, en consecuencia, carecen de independencia económica.

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado en su Sentencia de doce de marzo de 2019 en favor del progenitor alimentante cuando el hijo mayor de edad demuestra poco o ningún interés por estudiar o trabajar.

También recientemente, el Supremo permite la posibilidad de dejar de pagar la pensión de alimentos por falta de relación entre el hijo mayor de edad y el progenitor alimentante y requiere que los hijos cuya pensión pretende extinguirse sean mayores de edad y que se nieguen a relacionarse con el progenitor obligado al pago de los alimentos. En Abogados en Tenerife somos especialistas en derecho de familia.

Por tanto, y según la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo,  para extinguir la pensión de alimentos por falta de relación entre el progenitor y el hijo mayor de edad, será preciso acreditar: La falta de relación manifiesta entre el progenitor alimentante y el hijo mayor de edad, que la falta de relación sea relevante, que la falta de relación sea imputable a los hijos mayores de edad beneficiarios de la pensión de alimentos.

Si necesita asesoramiento, no dude en contactar con Hernández Abraham Abogados, abogados en Tenerife.

Abogados Tenerife. El artículo 225 bis del Código Penal establece:

1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
3. El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
4. La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.
5. Cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición para su restitución la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior.
6. Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de pena.

Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis meses a dos años.

Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente descritas.

Por tanto, La pena aparejada a dicho delito es la de prisión de 2 a 4 años además de la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años. En Abogados Tenerife somos especialistas en derecho penal.

De la redacción anterior se desprende que existen tres modalidades básicas:

1. Traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor custodio.
2. Retención de un menor por más tiempo del establecido por resolución judicial
3. Sustracción internacional de menores:

• Cuando se traslada a un menor de manera irregular a un país distinto de aquel en el resida.
• Cuando el progenitor custodio se traslada a vivir a otro país imposibilitando el derecho de visitas del progenitor no custodio.

Si necesita asesoramiento, no dude en contactar con Hernández Abraham Abogados, , Abogados Tenerife.

 

Abogados Tenerife. La cancelación de antecedentes penales consiste en la posibilidad de suprimir los antecedentes penales una vez haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin cometer ningún otro delito después de la fecha en la que se termina de cumplir con la pena. Por tanto, Uno de los requisitos para la cancelación de antecedentes penales, es que el culpable o condenado no cometa ningún otro delito dentro de unos plazos que se establecen en el Código Penal. Dichos plazos se encuentran previstos en el artículo 136 del Código Penal. El art. 136 Código Penal dice que han de transcurrir sin que el culpable cometa un nuevo delito, los siguientes plazos:

 

1. a) Seis mesespara las penas leves.
2. b)Dos añospara las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
3. c) Tres añospara las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
4. d) Cinco añospara las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
5. e) Diez años para las penas graves.

 

Otro de los requisitos para la cancelación de antecedentes penales, además de los plazos previstos en el mencionado artículo 136 del Código Penal es haber satisfecho las responsabilidades civiles acordadas en la sentencia, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el juez o tribunal sentenciador, salvo que hubiera mejorado la situación económica del reo. Contacte con Abogados Tenerife, somos especialistas en derecho penal. El interesado debe solicitar expresamente la cancelación de sus antecedentes penales (de manera presencial, por correo o por internet), no se realizará de forma automática. En los casos en que, aun cumpliéndose los requisitos señalados para la cancelación de antecedentes penales, bien por solicitud del interesado, bien de oficio por el Ministerio de Justicia, ésta no se produzca, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, ordenará la cancelación y no tendrá en cuenta dichos antecedentes. Si necesita asesoramiento, no dude en contactar con Hernández Abraham Abogados, Abogados Tenerife.

 

Abogados Tenerife. La sustracción de un vehículo a motor o ciclomotor, se regula en el art. 244 del Código Penal:

“1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.

2. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior.
3. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus respectivos casos.
4. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán, en todo caso, las penas del artículo 242.»

Se trata de la sustracción y utilización de un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin empleo de violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sin autorización de su titular y sin que exista intención en el autor de apropiárselo sino de conducirlo. En Hernández Abraham Abogados, Abogados en Tenerife, somos especialistas en derecho penal.

Las penas posibles por un delito de hurto de uso (sustracción sin ánimo de apropiarse del vehículo) pueden ser dos tipos: De 31 a 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad, o la pena de multa de 2 a 12 meses. Su aplicación tiene carácter alternativo. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior. Si por el contrario se usa la violencia o intimidación en las personas, la pena que se impondrá será la del delito de «robo con violencia o intimidación en las personas» del artículo 242 C. Penal, que tiene una sanción más grave. Contacte con nosotros. Contacte con Abogados Tenerife.

 

Abogados Tenerife. La guarda y custodia es la responsabilidad que tienen los padres en la crianza, bienestar y educación de los hijos. En caso de separación o divorcio, así como en el caso de parejas que mantengan una relación extramatrimonial a la que deseen poner fin, la custodia de los hijos podrá ser:

 

• Custodia exclusiva o monoparental atribuida a uno de los progenitores, teniendo el otro progenitor derecho de comunicación y de estancia.
• Custodia compartida: atribuida a ambos progenitores, tomando el padre y la madre decisiones en igualdad de condiciones sobre el cuidado de los hijos.

 

La custodia compartida es una de los regímenes de guarda y custodia que contempla nuestro derecho de familia y atribuye a ambos progenitores la custodia. Concretamente, se regula en el artículo 92 del Código Civil.

 

El cuidado, la educación y la convivencia habitual de los hijos menores se pueden atribuir a ambos progenitores, con iguales condiciones y derechos. Hasta hace relativamente poco tiempo la custodia exclusiva o monoparental (atribuida a uno solo de los progenitores) era la opción mayoritaria. Sin embargo, cada vez es más frecuente que se establezca un régimen de custodia compartida, ya que garantiza a los padres «la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos» (Sentencia 368/2014 del TS, 2 de julio, que recoge doctrina jurisprudencial fijada en la sentencia de 29 de abril de 2013). En Abogados Tenerife le asesoraremos sobre custodia compartida. Abogados Tenerife

 

La custodia compartida se puede adoptar por acuerdo entre los progenitores cuando lo soliciten los padres en el convenio regulador, en el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo o cuando los progenitores lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento de separación o divorcio contencioso. También puede ser impuesta por el juez cuando lo solicite uno de los progenitores en el seno del procedimiento contencioso, con informe favorable del Ministerio Fiscal.

 

Así, para adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, el juez tendrá en cuenta varios aspectos. Siguiendo la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013: «debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como:

 

La aptitud anterior de los padres en sus relaciones con el menor.

Los deseos manifestadores por los hijos que tengan suficiente juicio.

El número de hijos.

El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos.

El respeto mutuo en sus relaciones personales.

El resultado de los informes exigidos legalmente.

En definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

 

En Hernández Abraham Abogados somos especialistas en derecho de familia. Si desea más información contacte con Abogados Tenerife

Abogados Tenerife. El delito de hurto se encuentra regulado en los artículos 234 a 236 del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

El delito de hurto castiga a quien, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño legítimo, sustraiga bienes ajenos siempre que no medie fuerza en las cosas ni intimidación en las personas, que son, además, los requisitos que lo diferencian del delito de robo.

El tipo básico del delito de hurto viene previsto en el apartado 1 del artículo 234 del Código Penal:

“1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.”

 

El apartado segundo del mismo artículo castiga el delito leve de hurto:

“2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.”

 

bogados Tenerife. El tipo agravado de este delito lo encontramos en el artículo 235 del Código Penal, que castiga las conductas en él descritas con penas de prisión de uno a tres años:

“1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

 

2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.”

 

Finalmente, el artículo 236 castiga el hurto de cosa prestada:

“1. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

2. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”

 

En Hernández Abraham Abogados somos especialistas en derecho penal. Si desea más información contacte con Abogados Tenerife.

Abogados Tenerife. El artículo 173.4 del nuevo Código Penal establece:

“Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.”

La última reforma del Código Penal (en vigor a partir del 1 de Julio de 2015) ha despenalizado la falta de vejaciones injustas que hasta ese momento venía recogida en el art. 620.2º, por lo que estas conductas ya no son punibles. No obstante, la indicada reforma sí ha considerado punible dicha conducta cuando la víctima tenga o haya tenido una relación de parentesco con el agresor. En nuestro despacho de abogados de Santa Cruz de Tenerife le aclararemos sus dudas.

De este modo, nos encontramos que la vejación en sí misma solo tendrá carácter punible cuando el ofendido pertenezca a una tipología específicamente contemplada en el apartado segundo del artículo 173: “quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados […]”

Además de imponer las penas previstas (localización permanente, o trabajos en beneficio de la comunidad o multa), el Juez también puede acordar la imposición al acusado de una pena de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima de hasta seis meses de duración (art. 57.3 Código Penal). En Hernández Abraham Abogados somos especialistas en derecho penal. Contacte con

Abogados Tenerife. El reconocimiento de deuda es la manifestación (reconocimiento) que hace una persona de la asunción de una deuda a favor de otra. Se trata de un negocio jurídico en virtud del cual el deudor considera como existente en su contra una deuda en beneficio del acreedor, naciendo a favor de este una acción para hacer efectivo, frente al deudor, su derecho al cobro de la deuda reconocida. La ley no exige formalidad alguna aunque, evidentemente, y en materia de prueba, es recomendable que el mismo figure por escrito.

Es importante destacar que se trata de un acto unilateral llevado a cabo de forma voluntaria por una persona, en virtud del cual su autor reconoce de forma expresa que, a una fecha concreta, existe una deuda previamente contraída por un concepto determinado, obligándose frente al acreedor a afrontar el compromiso que dicho acto supone y, en consecuencia, abonar el importe en que la mencionada deuda se concreta. Por lo tanto, no genera ningún tipo de obligación para el acreedor. En Abogados Tenerife le asesoraremos. A este respecto se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 septiembre 1998:

1º.-  El reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida.

2º.- El reconocimiento de deuda contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del artículo 1277 del Código civil y el autor, autores o herederos, quedan obligados a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido.

3º.- Al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa al acreedor  de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido. Se presume por tanto que la causa existe y es lícita, recayendo sobre el deudor la carga de probar lo contrario.

El reconocimiento de deuda conlleva la obligación del deudor de cumplir lo reconocido, salvo que se oponga eficazmente al cumplimiento, alegando y probando que la obligación a que se refiere es inexistente, nula, anulable o ineficaz por cualquier causa. Contacte con nosotros si desea información complementaria. Somos especialistas en derecho civil. Contacta con Abogados Tenerife.

Abogados Tenerife. El art. 550.1 del C. Penal regula el delito contra los agentes de la autoridad: “son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.” 

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el atentado requiere una serie de condicionantes en su plano objetivo:

• Que el sujeto pasivo de la acción sea funcionario público, autoridad o agente de la misma.
• Que tales sujetos se encuentren en el ejercicio de sus respectivos cargos o funciones, o con ocasión de las mismas.
• Que la acción criminal se propicie como acometimiento, uso de fuerza, intimidación o resistencia grave.
• Que, por último, exista un ánimo o un propósito de ofender a la autoridad, a sus agentes, o a los funcionarios públicos, en detrimento del principio de autoridad

En el plano subjetivo se requiere, evidentemente, el conocimiento por el sujeto activo de la calidad de autoridad, agente de la misma o funcionario público de la persona sobre la que es ejercida la violencia o intimidación, llegando la jurisprudencia a exigir la presencia de un dolo específico consistente en la voluntad de vulnerar y menospreciar el principio de autoridad y el respeto que merece la función pública así como su prestigio. Este delito no exige resultado lesivo del sujeto pasivo, por lo que se configura como un delito de mera actividad. Contacte con Hernández Abraham Abogados. Somos especialistas en derecho penal. Contacte con Abogados Tenerife.